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Argentina

A última hora del viernes 30 de diciembre se firmó el decreto de telecomunicaciones 1340/2016, el tan esperado documento que intentaría llenar algunos vacíos del anterior decreto de necesidad y urgencia (DNU 267/2015, también firmado a fines de diciembre), promover la convergencia y recuperar el ritmo de inversión en el sector de telecomunicaciones.

El texto, que no estuvo exento de debate y presiones por parte de los actores involucrados, va en línea con un interés de fomentar la convergencia y abrir el mercado para que los grandes jugadores puedan competir entre sí ofreciendo todos los servicios. Sin embargo, se queda corto en términos de dar la suficiente confianza al empresariado para fomentar inversiones y deja a regulaciones posteriores muchos de los ítems claves que terminarán de dar forma al mercado.

Los principales operadores del mercado hoy solo se concentran en ratificar inversiones — Telefónica anunció 36.000 millones de pesos (unos 2.264 millones de dólares a valor actual) para el trienio 2016-2018, Claro mantiene el nivel de inversión de 400 millones de dólares anuales y Telecom los 40.000 millones de pesos (2.516 millones de dólares) anunciados para los próximos tres años—. No obstante, y por lo bajo, uno de los principales actores señala que el ritmo de inversión dependerá de cómo se mueva el mercado y la regulación.

El texto firmado el viernes elimina todas las dudas sobre el inicio de la convergencia y la posibilidad de que los operadores móviles y fijos comiencen a ofrecer servicios audiovisuales por suscripción: será el primero de enero de 2018 en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, Rosario (Santa Fé) y Córdoba (Córdoba). Para el resto del país, la fecha de inicio será determinada por el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) teniendo en consideración a aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea prestado únicamente por cooperativas o empresas pyme. Esta inclusión al texto final fue celebrada por Jorge Di Blasio, presidente de Red Intercable, quien afirmó que la norma “nos permite a las empresas pyme contar con expectativas favorables en cuanto a tener un marco adecuado para desarrollar las inversiones en redes físicas e infraestructura”.

Por ahora, la provisión de servicios de TV paga por parte de los operadores móviles solo podrá realizarse vía vínculo físico o radioeléctrico —se excluye la TV satelital, una de las demandas de las telefónicas que podría, no obstante, incluirse en la nueva Ley de Telecomunicaciones que se discute el Congreso—. Para ello, el texto protege las inversiones en redes fijas de nueva generación (NGN) con un cerrojo de quince años para la última milla “respecto de las normas de acceso abierto a banda ancha e infraestructura que se dicten”. Es decir, los operadores que inviertan en redes NGN de última milla no tendrán la obligación de alquilarlas ni compartir infraestructura con otros operadores por un período de quince años, consolidando un mercado fijo oligopólico.

Pero la verdadera discusión aparece en términos de espectro. El texto habilita a los operadores que tengan frecuencias en bandas plausibles de ser utilizadas para telefonía móvil a solicitar la reatribución de frecuencias para su uso en redes 4G/LTE. De esta manera, Cablevisión logra obtener autorización para brindar telefonía móvil en la banda de 2,5 GHz, que adquirió tras la compra de operadores de televisión paga. El texto indica que el Ministerio de Comunicaciones y Enacom tendrán que dictar las normas de administración, gestión y control de espectro para asegurar la reatribución de frecuencias “con compensación económica y uso compartido a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio (…) que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnología LTE o superior”. Esto incluye, entre otras, las bandas de 2,5 GHz y la de 3,5 GHz —en propiedad de operadores móviles— para la futura red 5G. Asimismo, se prevé la asignación de espectro “a demanda”, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura. Y por último —y no por ello menos importante—, se establece que en los próximos seis meses se realizará una nueva licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil —aunque no se especificaron que frecuencias se llevarían a concurso—.

Consultado por TeleSemana.com, Telefónica afirmó que “se estarían creando mecanismos para la asignación de espectro radioeléctrico que se alejan de las prácticas recomendadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, una preocupación que, antes de que fuera conocido el texto final, compartía la organización 5G Americas. “La experiencia internacional señala que cualquier cambio en la atribución inicial de un bloque de frecuencias de espectro radioeléctrico debe ocurrir bajo un proceso formal y transparente que disipe cualquier duda de trato preferencial o conflicto de interés por parte del Estado”, señalaba, entonces, la organización. En este sentido, recomendaba una recuperación de las frecuencias por parte del Estado para luego licitarlas mediante subasta, concurso de belleza o un híbrido entre estas dos alternativas.

Cablevisión comentó a TeleSemana.com que la compra de frecuencias en 2,5 GHz por parte de Nextel se realizó “a riesgo” y destacó que las frecuencias se pagaron a un precio “proporcionalmente más caro que las últimas (frecuencias) licitadas por el kirchnerismo, teniendo en cuenta el tipo de frecuencia y cobertura”. Precisamente, el precio del espectro, las obligaciones de cobertura, compartición de infraestructura y acceso a los operadores móviles virtuales (MVNO), están en el centro de las discusiones y fueron una de las banderas de Asiet para mostrarse, en su momento, en contra del nuevo decreto.

Si bien el decreto menciona compensaciones para la reatribución de espectro, éstas no parecerían ser suficientes para que las telefónicas no alcen la voz por competencia desigual. “Los anuncios sobre la asignación de espectro, lamentablemente, son el prólogo de otra situación compleja en los accesos móviles ya que se pretende el ingreso de competidores violando las más elementales reglas de igualdad ante la ley”, afirmó a TeleSemana.com un vocero de Telefónica —los otros operadores móviles, por el momento, no quisieron opinar sobre el contenido del decreto—.

Más allá de las discusiones respecto a los procedimientos de asignación y reatribución del espectro, es cierto que hoy Cablevisión parecería en desventaja frente a los otros tres operadores móviles. La compañía tiene un plan de negocio que contempla unos 18 meses para el lanzamiento de 4G —es decir, mitad de 2018— y una inversión de 500 millones de dólares adicionales solo para la instalación de antenas y el cambio de todo el parque de celulares. La banda alta de 2,5 GHz, si bien le otorga mucha capacidad, es deficiente en cuanto a cobertura y Cablevisión deberá ingeniárselas para o bien aprovechar las frecuencias que ya tiene Nextel o bien conseguir nuevas porciones de espectro para competir con los tres operadores que ya tienen una red 4G desplegada en AWS y que esperan la liberación del espectro asignado en 700 MHz. “En el mejor de los casos, Nextel podrá empezar a dar 4G a mediados de 2018, cuando Telefónica puede comenzar a dar video a principios de este año. La única desigualdad es a favor de Telefónica, que podrá ofrecer cuádruple play medio año antes que Cablevisión y que cualquier otra empresa de cable”, afirman desde la compañía del Grupo Clarín. Una tercera opción, que parece haberse desinflado en los últimos meses, es una posible fusión con Telecom.

Volviendo al decreto, el texto también sugiere que un futuro Reglamento Nacional de Interconexión deberá establecer tarifas asimétricas de interconexión para los servicios móviles y normas para el servicio de itinerancia nacional por un plazo de tres años, con el objetivo de proteger a los operadores entrantes —en un primer borrador del decreto, el plazo previsto era por un período de cuatro años—. Para Cablevisión el plazo de tres años es insuficiente y la compañía teme que al finalizar este período los operadores incumbentes se abusen “de su posición dominante para excluir cualquier atisbo de competencia”. Este temor debería quedar resuelto en un futuro reglamento de interconexión, hoy en manos del Ministerio de Comunicaciones y Enacom.

Cablevisión se escuda en que es un operador nacional que intenta competir con gigantes internacionales como Telefónica y América Móvil y por ello merece mayor protección —y las cifras de ingresos le dan la razón—. En tanto, Telefónica cuestiona las demoras en habilitar la convergencia y los “favores” que recibiría el principal grupo de TV paga al lograr hacerse de espectro sin pasar por un proceso de subasta. “La política de telecomunicaciones que lleva adelante este gobierno inexorablemente demorará las inversiones que son tan necesarias para el desarrollo de infraestructura que requiere el país”, alerta el operador español.

En general, parece haber cierta confianza por una futura ley que tenga el consentimiento de todos los actores, pero que inevitablemente incluya las decisiones ya formalizadas en los decretos de diciembre de 2015 y 2016, respectivamente. Mientras tanto, el crecimiento de las inversiones en telecomunicaciones —uno de los objetivos que persigue el gobierno argentino con los cambios regulatorios— no parecer ser un escenario inmediato.
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